La directora de Amnistía Internacional para las Américas, Ana Piquer, calificó de ilegal el traslado de 238 venezolanos desde Estados Unidos a cárceles de El Salvador.
“Las expulsiones ilegales a El Salvador ponen vidas en peligro al haber un estado de excepción en vigor”, señaló.
Leer Más
Piquer recordó que la Casa Blanca hizo esto a pesar de una orden judicial que prohibía el traslado. “Esto representa no solo un desprecio manifiesto de las obligaciones de Estados Unidos en materia de derechos humanos sino también un avance peligroso hacia prácticas autoritarias por parte del gobierno de Trump, como ignorar a un juez federal de Estados Unidos y ahora pedir su destitución. Además, es un peligroso apoyo a la punitiva agenda de seguridad del presidente Bukele».
Estados Unidos acusó a estas personas de terrorismo, sin ni siquiera darles la oportunidad de tener un juicio. En muchos casos, los detuvieron únicamente por tener tatuajes en el cuerpo y haber ingresado ilegalmente al país norteamericano.
El propio personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense ha admitido que “muchos” no tenían antecedentes penales y algunas expulsiones ocurrieron por la percepción de que podrían cometer delitos en el futuro. Además, al tratarse de una operación que viola el debido proceso, los privados de libertad ni siquiera saben cuánto tiempo estarán en prisión.
En ese sentido, exhortaron a Estados Unidos a dejar de violar el debido proceso. «Pedimos también al gobierno estadounidense el retorno inmediato de los individuos trasladados ilegalmente a El Salvador, el fin de todas las expulsiones en aplicación de esta orden ejecutiva, el acatamiento de las decisiones de las autoridades judiciales estadounidenses, la suspensión inmediata de todos los programas de detención y deportación masiva y el restablecimiento del derecho al asilo en la frontera sur de Estados Unidos».
LEA TAMBIÉN: CHINA RECHAZÓ LOS ARANCELES IMPUESTOS POR EEUU, ¿SEGUIRÁN COMPRANDO PETRÓLEO VENEZOLANO?
«Con el presidente Bukele, El Salvador se ha convertido en ejemplo de una tendencia alarmante en Las Américas, donde el encarcelamiento masivo, la falta de control sobre el poder ejecutivo y la criminalización de las comunidades marginadas se presentan como soluciones al crimen. Amnistía Internacional ha documentado ampliamente las condiciones inhumanas que imperan en los centros de detención de El Salvador, entre ellos el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), donde están recluidos ahora los expulsados», indicó Piquer.
En sus informes alertan de hacinamiento extremo, falta de acceso a asistencia médica adecuada y malos tratos generalizados que constituyen trato cruel, inhumano o degradante. Además, organizaciones salvadoreñas han informado de la muerte de más de 300 personas bajo custodia estatal, en algunos casos con claros signos de violencia.
Amnistía Internacional reiteró que en Estados Unidos los migrantes indocumentados son calificados de delincuentes «por sus tatuajes o su vinculación al estado venezolano de Aragua, o por mentiras racistas sobre su vinculación a grupos delictivos transnacionales con origen en su país natal. Estas políticas son profundamente injustas y vulneran las normas internacionales de derechos humanos».
LLAMADO DE ATENCIÓN SOBRE VENEZUELA, EL SALVADOR Y EEUU
El organismo destacó que no pueden obligar a los migrantes de El Salvador a regresar a Venezuela en contra de su voluntad. «El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) ha pedido a los Estados que garanticen que las personas venezolanas no serán deportadas, expulsadas u obligadas a regresar a su país. Amnistía Internacional ha pedido una prohibición absoluta de todas las deportaciones de personas a Venezuela, dado que el país está viviendo una situación de violaciones masivas de derechos humanos».
Por otra parte, alertaron que las autoridades salvadoreñas deben restablecer urgentemente el debido proceso en todo el país y garantizar los derechos humanos, la seguridad y la dignidad de todas las personas actualmente detenidas, incluidas las más de 84.000 arrestadas durante el estado de excepción vigente. «El gobierno salvadoreño debe garantizar que sus políticas y prácticas no propician más abusos contra los derechos humanos ni ponen en situación de riesgo a personas vulnerables».
