El formulario I-9, conocido oficialmente como «Formulario de Verificación de Elegibilidad para Empleo», es un documento obligatorio en EEUU que permite a los empleadores verificar la identidad y autorización laboral de sus empleados.
Este requisito fue establecido por la Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986, con el objetivo de garantizar que las empresas no contraten a personas sin autorización legal para trabajar en el país.
LEA TAMBIÉN: CONSTERNACIÓN EN EEUU: BEBÉ DE DOS MESES SE AHOGÓ EN UNA BAÑERA Y LA CONFESIÓN DE LA MADRE ES INSÓLITA
En los últimos años, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha intensificado el uso de este formulario como una herramienta central en su estrategia para combatir la migración irregular.
El proceso de inspección del formulario I-9 comienza con la emisión de un «Aviso de Inspección» (NOI, por sus siglas en inglés) a las empresas seleccionadas.
Los empleadores tienen un plazo de 72 horas para presentar la documentación requerida, que incluye los formularios I-9 y otros documentos de respaldo, como nóminas y listas de empleados activos y despedidos.
En caso de encontrar errores técnicos o de procedimiento, ICE otorga un periodo de 10 días para realizar las correcciones necesarias.
Sin embargo, en situaciones graves, la agencia puede confiscar los formularios de manera inmediata si cuenta con órdenes judiciales.
El incumplimiento de las normativas relacionadas con el formulario I-9 puede tener consecuencias severas para los empleadores. Estas incluyen multas, procesos penales e incluso la inhabilitación para operar.
Además, los empleadores que contraten o mantengan a sabiendas a trabajadores no autorizados pueden enfrentar sanciones adicionales.
Por esta razón, muchas empresas han comenzado a invertir en capacitación y asesoría legal para garantizar el cumplimiento de estas regulaciones y evitar problemas legales.
Desde la perspectiva de ICE, el formulario I-9 es una de las herramientas más efectivas para abordar la migración irregular y garantizar el cumplimiento de las leyes laborales.
Las auditorías e inspecciones no solo buscan identificar a trabajadores sin autorización, sino también disuadir a las empresas de contratar a personas en situación irregular.
Estas medidas han generado un impacto significativo en sectores como la construcción, agricultura y hostelería, donde la contratación de migrantes es común.
