El Senado de Estados Unidos, de mayoría republicana, se prepara para aprobar una ley que podría ser la primera firmada por Donald Trump en su segundo mandato.
Esta legislación, conocida como la Ley Laken Riley, lleva el nombre de una universitaria asesinada en Georgia en 2024 por un migrante venezolano indocumentado. Se trata de un caso condenado por el mismo Trump.
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La ley requiere que las autoridades de inmigración detengan a los indocumentados acusados, sospechosos o detenidos en casos de robo y delitos relacionados, sin necesidad de comprobar su culpabilidad.
La Ley Laken Riley ha generado un intenso debate en el Congreso y entre la opinión pública. Sus críticos argumentan que abre el camino para las detenciones indiscriminadas de indocumentados y que podría llevar a la discriminación.
Además, la ley garantiza a los estados la posibilidad de demandar al Gobierno federal por una amplia gama de medidas relacionadas con la inmigración, lo que podría obstaculizar la capacidad del Ejecutivo para definir las políticas migratorias.
A pesar de las críticas, la ley cuenta con el apoyo de algunos demócratas, quienes consideran que es necesario darle a las fuerzas del orden los medios para tomar medidas cuando los migrantes ilegales violan la ley.
El senador Rubén Gallego, de origen mexicano y colombiano, ha mostrado un férreo apoyo a la legislación, argumentando que es crucial para prevenir situaciones como la que le ocurrió a Laken Riley.
En tanto, los defensores de los derechos de los migrantes han unido sus voces en contra del proyecto, advirtiendo que la ley permitirá la discriminación y la persecución de indocumentados sin importar si realmente son criminales.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) ha reiterado que la ley podría llevar a la detención y deportación de personas inocentes, violando sus derechos fundamentales.
