En medio de una de las peores crisis migratorias que ha afrontado Texas en los últimos años, un juez federal declaró como ilegal el programa propuesto por el presidente Joe Biden que buscaba acelerar el proceso de obtención de estatus legal a los migrantes indocumentados con cónyugues estadounidenses
El juez Campbell Barker explicó que la administración de Biden «carece de autoridad legal para aplicar su programa parole in place».
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El programa de Biden denominado «Keeping Families Together» (Mantener a las Familias Unidas), estuvo en vigencia desde junio y buscaba beneficiar a medio millón de indocumentados en Estados Unidos.
No obstante, pocos días después el fiscal general de Texas, junto a un grupo de colegas republicanos demandaron al Departamento de Seguridad Nacional por aplicar esta medida. En este sentido, el legislador aseguró que Biden pretendía estar «recompensando a quienes violaron las leyes»
Texas cuenta con varios programas para que los migrantes tramiten su documentación desde antes de ingresar a Estados Unidos. Además, bajo ningún concepto recomienda que los extranjeros ingresen al país de manera irregular.
«Se detiene el intento de la administración Biden/Harris de eludir las leyes de inmigración», destacó en la red social X (Twitter) el fiscal general de Idaho, Raúl Labrador.
ANOTHER COURT VICTORY – stopping Biden/Harris administration’s attempt to skirt immigration laws. Court declares that Department of Homeland Security lacks statutory authority to expand parole “in place” program to large number of aliens in the US illegally. https://t.co/8UVxvBr7B0
— Raúl R. Labrador (@Raul_Labrador) November 8, 2024
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Inicialmente, el programa había sido suspendido en agosto. No obstante, una apelación lo reactivó pero el juez volvió a bloquearlo, hasta que este jueves dio su veredicto final. Aunque, el gobierno de Biden puede apelar.
Con este programa los migrantes ilegales en Estados Unidos podían iniciar sus trámites de regularización sin necesidad de dejar el país. La norma también incluía a 50.000 hijastros de ciudadanos estadounidenses.
Asimismo, les iba a permitir trabajar y el derecho a permanecer en el país por hasta tres años mientras solicitan una «green card».
Actualmente, quienes deseen realizar este proceso lo tienen que tramitar desde el exterior.
«Esta decisión es un revés profundamente decepcionante e injusto para las familias que viven todos los días bajo el peso de la incertidumbre», comentó Harold Solís, representante de la organización en defensa de los migrantes Make The Road New York.
«Debemos y seguiremos apoyando la unidad familiar a pesar de esta peligrosa decisión», agregó.
