La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este viernes el «exilio forzoso» del líder opositor, Edmundo González Urrutia, además de los hostigamientos contra los opositores asilados en la embajada de Argentina en Caracas.
En un comunicado, el órgano exige al Gobierno de Nicolás Maduro poner «fin a la persecución política». Al mismo tiempo, llaman a que se respeten los compromisos internacionales «en materia de asilo diplomático y reestablecer el orden democrático».
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La CIDH revela que ha ido documentando «graves prácticas de ruptura institucional y democrática» en el país caribeño. Señalan que estas incluyen el «uso excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales, detenciones arbitrarias de personas manifestantes y dirigentes opositores, citaciones judiciales y órdenes de arresto sin fundamento legal y la cancelación de pasaportes de opositores, periodistas y defensores de derechos humanos».
Asimismo, recordó que el 6 de septiembre, la residencia oficial de la embajada de Argentina en Caracas fue objeto de hostigamientos. Computó al menos 20 funcionarios armados, quienes se apersonaron a la sede y «cortaron el suministro» eléctrico.
A razón de ello, reiteró la necesidad de que los Estados «observen las obligaciones internacionales derivadas de sus compromisos consuetudinarios y convenciones». En ese punto, la CIDH hizo hincapié en la Convención de Viena Sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Asilo Diplomático.
«EN DEMOCRACIA NINGÚN LÍDER POLÍTICO DEBERÍA ASILARSE O IRSE»
La instancia además enfatizó que bajo una democracia, ningún líder político debería estar en la obligación de asilarse en una embajada o irse del país para resguardar su vida, integridad y libertad.
«La comisión reitera que estos actos del Estado venezolano tienen como intención infundir miedo en la población y desalentar la participación política de la oposición», fustigó la CIDH.
Ante ese panorama, hicieron un nuevo llamado al Estado venezolano «a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas venezolanas». También agotar «todas las medidas para canalizar los conflictos, priorizando el diálogo y la negociación».