El Departamento de Estado de EEUU informó este jueves que ha identificado cerca de 2.000 personas por sus vínculos con Nicolás Maduro, a las cuales les restringirá el visado, como respuesta al «fraude electoral» del 28 de julio.
En un comunicado difundido por el secretario de Estado, Antony Blinken, Washington informó que tales medidas buscan promover la «rendición de cuentas de Maduro» y sus representantes. Esto por «obstruir una elección presidencial competitiva e inclusiva en Venezuela y abusar de los derechos humanos del pueblo venezolano».
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«En lugar de respetar la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas, Maduro y sus representantes han reclamado falsamente la victoria. Mientras, reprimen e intimidan a la oposición democrática en un intento ilegítimo de aferrarse al poder por la fuerza», subraya la misiva.
Es por ello que el Departamento del Tesoro también sancionó a 16 personas cercanas al chavismo, incluidos líderes del CNE, TSJ y la AN electa en 2020. «Estos funcionarios impidieron un proceso electoral transparente y la publicación de resultados electorales precisos».
Al mismo tiempo, recalcan que están tomando medidas para «imponer nuevas restricciones de visado» a «funcionarios alineados con Maduro». Estos, dicen, han socavado «el proceso electoral en Venezuela y son responsables de actos de represión».
El Estado agregó que hasta ahora, han identificado a casi 2.000 personas como «potencialmente sujetas a restricciones» de visados. Para el Estado, estos individuos contribuyeron en el «socavamiento de la democracia, la participación en corrupción significativa o la violación de los derechos humanos del pueblo venezolano».
«Estados Unidos continuará promoviendo la rendición de cuentas por aquellos que socavan la democracia en Venezuela», finaliza la información.
16 FUNCIONARIOS SANCIONADOS POR EL TESORO
Instantes antes, el Departamento del Tesoro impuso sanciones a un total de 16 funcionarios de los distintos poderes del Estado venezolano, además de efectivos de inteligencia.
En cuanto a los sancionados dentro de la máxima corte, la figura más prominente es Caryslia Rodríguez, presidenta del Poder Judicial. Sin embargo, también aparecen los magistrados Inocencio Figueroa, Malaquías Gil, Juan Carlos Hidalgo y Fanny Márquez.
Asimismo, un juez también fue objeto de sanciones. Se trata de Edward Briceño, quien firmó la orden de captura contra Edmundo González. También figura Luis Duenez Reyes, fiscal del MP que solicitó la ordenanza contra González Urrutia. Otra fiscal en la lista es Dinorah Bustamante.
