En el marco de los crímenes de lesa humanidad por los que investigan a Venezuela, el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, firmó un plan de trabajo con el chavismo.
El objetivo de este nuevo acuerdo es avanzar con la investigación para garantizar justicia en los crímenes que siguen impunes.
Khan explicó que dicho acuerdo busca «facilitar colaboración con autoridades y la Fiscalía venezolana». Este anuncio lo realizó el fiscal de la CPI durante su intervención en el inicio de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma, desde Nueva York, el 4 de diciembre.
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Mientras tanto, la ONG Provea explicó que esta firma podría significar la creación de la Oficina del Fiscal en el país. «Esta Oficina tendría funciones de cooperación y asistencia técnica, acordada en junio 2023 en el Memorándum de Entendimiento».
Atención.
Fiscal de la Corte Penal Internacional anuncia que hace 2 días su Oficina firmó un plan de trabajo con el Gobierno de Venezuela.
Para facilitar colaboración con autoridades y la Fiscalía General.
Lo que podría significar inminente Oficina del Fiscal en el país 🇻🇪… pic.twitter.com/JrkwOLyno9
— PROVEA (@_Provea) December 4, 2023
«El 9 de octubre diversas ONG solicitamos al gobierno de Maduro que hiciera público dicho Memorándum por tratarse de cooperación y asistencia técnica. Una construcción de políticas públicas que debe ser con transparencia y asegurando acceso a la información», añadió Provea.
CHAVISMO ADMITIÓ QUE LA MAYORÍA DE LOS CASOS QUE ESTÁN EN LA CPI AÚN SE ENCUENTRAN EN «FASE DE INVESTIGACIÓN»
Representantes del chavismo admitieron que la mayoría de las víctimas de 124 casos presentados ante la Corte Penal Internacional, aún no han recibido justicia. Durante el segundo día de audiencias por la Sala de Apelaciones, aseguraron que las investigaciones siguen abiertas.
«Los datos actualizados en relación a esos 124 incidentes son: 113 se encuentran en fase de investigación, habiendo conseguido individualizar como posible responsable a 166 funcionarios públicos, registrando avances significativos. Hay tres en fase intermedia, es decir con una acusación formal. También hay tres en fase de juicio; y cinco condenas que se corresponden con 14 funcionarios públicos», especificó el abogado Aitor Martínez Jiménez.
En esta línea, detalló los rangos de los implicados. «Hay 15 oficiales actualmente condenados, que van desde oficiales de la policía hasta sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana. Y sometidos a investigación tenemos dentro de las fuerzas de seguridad a 18 comisarios, 39 inspectores, nueve detectives, nueve supervisores, dos oficiales jefe, 26 oficiales, y en el cuerpo militar tres tenientes coroneles, siete tenientes, un mayor, seis capitanes y 31 sargentos».
